¿En qué consiste la traducción judicial?

Juan Isidoro Ciruelos Huarte
el 7 de octubre, 2020· 4 min

Concepto de traducción judicial

Tal y como ya explicamos en nuestro artículo ¿En qué se diferencia la traducción jurídica de otras modalidades de traducción?, la traducción judicial es la modalidad de traducción que tiene por objeto los textos o documentos emanados de la práctica judicial, tales como autos, sentencias, comisiones rogatorias, informes periciales... Así, la traducción judicial comparte con los ámbitos jurídico y jurídico-económico el uso sistemático del discurso jurídico en buena parte de los documentos que son objeto de traducción.

Tipos de traducción judicial

Siguiendo al profesor Ortega Arjonilla en Ensayos sobre traducción jurídica e institucional (Comares, 2012), podemos distinguir tres tipos básicos de traducción judicial:

  • Traducción de documentos judiciales en un contexto nacional. En este caso, la traducción es heterofuncional con respecto al texto original, y tiene una finalidad meramente informativa. Afecta a las diversas fases del proceso judicial (autos, diligencias, sentencias, recursos...), a las peticiones de información a escala internacional durante el proceso de instrucción (comisiones rogatorias activas o pasivas), o a la presentación y práctica de pruebas durante el desarrollo del juicio.

  • Traducción de documentos judiciales en un contexto comunitario. En este caso, una lengua de trabajo es siempre el francés y la otra depende del país y la lengua de procedencia de la persona física o jurídica en cuestión. Por lo general, la traducción -también heterofuncional con respecto al texto original- se refiere a un Derecho supranacional único, el Derecho comunitario; aplicado por una institución central, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El traductor debe conocer y dominar los recursos de normalización terminológica, procesual y textual propios de este tipo de traducción judicial.

  • Traducción de documentos judiciales en un contexto internacional. En este caso, la traducción también es heterofuncional con respecto al texto original, pero hay partes del encargo de traducción que se basan en documentos ya estandarizados desde un punto de vista terminológico e incluso textual (por ejemplo, los modelos de comisión rogatoria internacional), que el traductor debe conocer en profundidad y manejar con soltura. Por lo general, el Derecho aplicado es el del Estado donde se está desarrollando el proceso judicial, si bien es habitual que se aluda también a instrumentos internacionales como los acuerdos o tratados entre los países implicados.

Metodología de la traducción judicial

Recuerda el profesor Ortega Arjonilla en Reflexiones sobre la traducción jurídica (Comares, 2009) que “no podemos incluir en el mismo saco” las dificultades traductológicas que encierra la traducción del balance económico de una empresa (traducción económico-empresarial), las propias de la traducción del informe de una rueda de prensa en un organismo internacional (traducción institucional), las atinentes a la traducción de un código legal de un sistema jurídico determinado (traducción jurídica), o las dificultades traductológicas propias de, por ejemplo, la transcripción y traducción de una grabación para la práctica de una prueba en un juicio, enmarcables dentro de la traducción judicial.

Como subraya el profesor, uno de los grandes problemas de la traducción judicial radica en la delimitación del ámbito de actuación del traductor. Dado que los documentos que son objeto de traducción judicial están muy estandarizados e incluso protocolizados, el traductor ha de conocer con precisión los “límites” de su actuación profesional. Entre dichos límites podemos destacar los tres siguientes:

  • Respecto al documento objeto de traducción, el traductor debe investigar si este se halla parcial o totalmente estandarizado en versiones multilingües que incluyen el par de lenguas con el que esté trabajando (formularios, por ejemplo).

  • Respecto a la terminología especializada, el traductor debe investigar si existe alguna versión multilingüe estandarizada y, en caso afirmativo, aplicarla.

  • Respecto a los protocolos de presentación, el traductor debe respetar los propios del tipo de documento que está traduciendo (auto, sentencia, recurso...) y atenerse a las indicaciones de la autoridad competente, en este caso la Administración de Justicia.

En general, tal y como apunta el profesor Ortega Arjonilla en su “Decálogo de la traducción judicial”, el traductor judicial debe prestar especial atención a los diez aspectos siguientes:

  1. Especificaciones del encargo de traducción.

  2. Convenciones textuales.

  3. Convenciones terminológicas.

  4. Términos crípticos y délficos.

  5. Particularidades del lenguaje escrito y oral.

  6. Especifidades de la práctica de la prueba judicial.

  7. Convenciones estilísticas.

  8. Formato de presentación.

  9. Lengua de trabajo.

  10. Estándares de calidad del texto final.

Para saber más acerca de traducción judicial

El Prontuario de auxilio judicial es una herramienta muy útil para el traductor judicial, pues le informa sobre el regimen lingüístico aplicable al encargo de traducción, sobre la existencia o no de formularios oficiales en español, y sobre la existencia o no de procedimientos y formas de presentación de documentos. Dicho Prontuario se puede consultar desde la página web del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo este enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Relaciones-internacionales/Auxilio-judicial-internacional/Prontuario/